Opinión

La incoherencia del PSOE: Oponiéndose a sus propias políticas ambientales a nivel local

¿Por qué Ruíz Boix no lleva al Congreso esta cuestión para evitar esta subida a los vecinos y vecinas campogibraltareños?

El pasado 9 de abril, el Boletín Oficial del Estado recogía la publicación de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Esta norma de carácter estatal está basada en el principio de quien contamina paga, es decir, los costes relativos a la gestión de los residuos tendrán que correr a cargo del productor inicial de residuos, del poseedor actual o del anterior poseedor de residuos de acuerdo con lo establecido en los artículos 42 y 45.2 del citado texto legal.

Esta norma lleva aparejado un nuevo impuesto, ya que uno de los objetivos de la ley 7/2022 consiste en incentivar el reciclaje poniendo impuestos a la eliminación. El título VII de la ley dedica un capítulo al impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.

Los vertederos no son otra cosa que instalaciones detinadas a la eliminación de residuos mediante depósito en superficie o subterráneo. Las operaciones que se pueden realizar son de depósito sobre el suelo o en su interior (D01), depósito controlado en lugares especialmente diseñados para su aislamiento (D05) y el almacenamiento permantente (D12). Por lo tanto cuando un residuo se deposite en un vertedero autorizado, ya sea de titularidad pública o privada, será obligatorio abonar un impuesto.

El impuesto consiste en un tributo de carácter indirecto. Recae sobre la entrega de los residuos en su destino final, ya sea vertedero, instalación de incineración o de coincineración. La base imponible será el peso en tonelada métricas con expresión de tres decimales. El objetivo de este impuesto, según la ley, consiste en el fomento de la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclado de los residuos.

El artículo 93 establece la cuota íntegra. Ésta será el resultado de aplicar a la base imponible, el tipo impositivo que corresponda. Para el caso de los RCD se distingue la siguiente casuística para depósito en vertedero:

  • RCD depositados en vertederos de residuos no peligrosos: 10 euros por tonelada métrica con carácter general. Pero si se trata de residuos con una componente de residuo inerte superior al 75%, se calculara a razón de 1,5 euros por tonelada de residuo inerte y el resto a 10 euros por tonelada.
  • RCD que se depositen en vertederos de residuos peligrosos: se plantea dos casos. A 3 euros por tonelada métrica, los residuos que hayan sido eximidos de tratamiento previo en los términos que establece el artículo 7.2 del RD 646/2020, de 7 de julio. A 5 euros por tonelada métrica, el resto de residuos no peligrosos.
  • RCD inertes depositados en vertederos. En este caso también se plantean dos casos. A 3 euros por tonelada métrica, los residuos que hayan sido eximidos de tratamiento previo en los términos que establece el artículo 7.2 del RD 646/2020, de 7 de julio. A 1,5 euros por tonelada métrica, el resto de residuos inertes.

Por eso, resulta incoherente que el PSOE haya aprobado esta norma, y sin embargo, sus agrupaciones locales que no se encuentran en gobierno hayan lanzado una campaña movilizando a la sociedad en contra de un impuesto que sus compañeros de partido en el gobierno de la nación han aprobado. Y resalto el concepto de «formaciones socialistas en la oposición» porque tan solo hay que consultar la prensa diaria para ver cómo los socialistas han aplicado estas subidas en las entidades u órganos de carácter local dónde gobiernan.

Esta actitud de incoherencia ha sido llevada al más estricto sentido de la palabra en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, dónde el PSOE, tras perder el dominio de la institución comarcal, ha puesto en marcha una dura campaña con el apoyo de FACUA para movilizar a la ciudadanía en contra de este nuevo impuesto de carácter estatal.

Así, el pasado 21 de diciembre, la presidenta de la Mancomunidad campogibraltareña mostraba su enfado debido a la actitud contradictoria y aparentemente hipócrita del grupo socialista en la Mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar.

Así, en una nota de prensa, la actual presidenta expresaba su sorpresa y descontento ante la oposición del grupo socialista a la aplicación de un impuesto que fue promovido por el propio Gobierno del PSOE a nivel nacional, y que tiene como objetivo el fomento de la prevención, la reutilización y el reciclaje de residuos, así como la educación ambiental.

La oposición del grupo socialista a esta medida demuestra una demagogia sin límites. Resulta incomprensible que estén rechazando una medida impulsada por su propio partido político, que además es un requisito legal, por lo que la actitud del grupo socialista en la Mancomunidad resulta cuanto menos incomprensible.

Estamos ante una gravísima irresponsabilidad política y falta de coherencia entre lo que se promueve a nivel nacional y lo que se defiende a nivel local. La actitud del grupo socialista, al oponerse a un impuesto impulsado por su propio partido, es un claro ejemplo de ello.

Si de verdad quisieran ayudar a las maltrechas economías de los vecinos y vecinas del Campo de Gibraltar, quizás deberían haberse planteado la posibilidad de llevar esta discrepancia al Congreso de los Diputados, ¿a qué espera Ruíz Boix para hacerlo? O mejor dicho, ¿por qué no lo ha hecho ya?

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